Derecho al olvido en internet

¿Qué es el derecho al olvido?

Se trata de un derecho íntimamente vinculado a la acción jurisdiccional del Habeas Data y a la Protección de datos personales. Se trata pues de que cualquier persona pueda solicitar la información existente que sobre la misma figura en un archivo (en el caso que nos atañe en la red) y demandar su rectificación o eliminación en caso de que fuese falsa o desactualizada.

Según la Agencia Española de Protección de Datos el derecho al olvido es la manifestación de los tradicionales derechos de cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet. El ‘derecho al olvido’ hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa.

Se trata por tanto de permitir al ciudadano que proteja su derecho a la intimidad y el honor cuando la información contenida en la red es susceptible de causarle algún perjuicio y, además, no tiene ningún valor social dada su obsolescencia o la falta de carácter público del afectado que legítimamente no quiere verse vinculado al contenido junto al que figura su nombre cada vez que lo teclea en el ordenador.

 

¿En que se fundamenta este derecho al olvido?

La ley española de protección de datos personales (LOPD)

Regula el derecho al olvido en materia de ficheros de morosos en el art. 29.4 que dispone “Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”.

La progresiva universalización de Internet, que combina una enorme capacidad de almacenaje con motores de búsqueda que permiten localizar cualquier dato en cuestión de segundos, y con extrema facilidad, puede significar el fin del olvido.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 y el papel de la Agencia Española de Protección de Datos.

En Europa, desde 2014 los buscadores como Google tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano, a petición de éste, así ha avalado el llamado derecho al olvido al fallar que “en determinadas condiciones” los buscadores están obligados a eliminar enlaces con información personal.

El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud “directamente” al buscador (Google, Yahoo, Bing o cualquier otro), que deberá examinar si es fundada. En el caso del gigante Google, es un comité de expertos quien asesora a la compañía en todas las cuestiones referentes al derecho al olvido, lo que da una idea de la relevancia que está adquiriendo esta materia para las grandes empresas del sector. En el supuesto de que el buscador no acceda a retirar la información, el afectado podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales para que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenen al buscador la retirada de la información.

En el caso de España los ciudadanos han de recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que tutele su derecho cuando, tras haberse dirigido al buscador, este no ha contestado o no lo ha hecho de la forma que el ciudadano considera adecuada. En función de las circunstancias de cada caso concreto, la Agencia determinará si lo estima o no. Esta decisión de la Agencia, a su vez, es recurrible ante los Tribunales españoles.

El tribunal establece que los buscadores realizan un tratamiento de datos de carácter personal. Esta actividad está sometida a las normas de protección de datos de la UE, dado que Google vende espacios publicitarios en los Estados miembro.

 

¿Hasta dónde alcanza la eliminación de los datos?

La citada sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, dictaminó que la tutela del derecho al olvido implica la eliminación de dichos datos en los resultados de búsqueda ofrecidos por Google, Yahoo, Bing o cualquier otro buscador que opere en territorio comunitario.

Sin embargo, como nos recuerda la AEPD, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014 declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original.

Así pues encontramos que con frecuencia, no procede conceder el derecho frente al editor o contenedor web de la información y sí frente al motor de búsqueda.

Resulta por tanto imprescindible valorar las circunstancias de cada solicitud y tener en cuenta el interés de los usuarios en acceder a una información. Aquellas que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán aceptadas tal como nos recuerda la AEPD.

 

 


¿Te ha gustado este post?

Si te interesa el comercio electrónico, la seguridad o el derecho de internet, déjanos tu correo electrónico y te informaremos cuando publiquemos nuevos contenidos. ¡Es gratis!

terminis

Evidencias digitales y textos legales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *