¿Por qué motivos pueden sancionar mi negocio online? La ley general de consumidores y usuarios.

Si tenemos un negocio online y todavía no lo hemos adaptado, para cumplir las  normas reguladoras  que se contemplan en la nueva Ley de Consumidores y Usuarios y que  potencia la protección de los consumidores, las infracciones que cometamos como  empresarios  en materia de consumo, pueden ser objeto de sanciones administrativas.

 

Se consideran infracciones:

(i) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.

(ii) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.

(iii) El incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.

(iv) La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza o la garantía, arreglo o reparación de productos de naturaleza duradera y en general cualquier situación que induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio.

(v) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales.

(vi) El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.

(vii) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan

suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.

(viii) La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección.

(ix) La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.

(x) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o me la falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.

(xi) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.

(xii) El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios.

(xiii) Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

(xiv) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta norma o disposiciones que la desarrollen, en los términos previstos en la legislación autonómica que resulte de aplicación.

(xv) La obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación que establece el artículo 81.1 de esta ley.

(xvi) El incumplimiento del régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.

(xvii) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a distancia impone en materia de información y documentación que se debe suministrar al consumidor y usuario, de los plazos de ejecución y de devolución de cantidades abonadas, el envío, con pretensión de cobro, de envíos no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de técnicas de comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposición del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente.

 

Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves,  atendiendo a la  cuantía de beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generalización de la infracción y la reincidencia. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejo de Ministros podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años.

Uno de los principales riesgos que asumen las empresas de comercio electrónico deriva de la obligación de demostrar que un usuario, al contratar con ellas, recibieron toda la información requerida por la ley y aceptaron sus términos y condiciones de contratación.

 

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